CARTA DEL EX PRESIDENTE DEL CEI
Buenos Aires, 19 de Noviembre del 2007
Compañeros del CEI:
Por razones familiares no puedo estar presente en la asamblea o reunión que han convocado para el 20 de noviembre en la que se va a hacer una evaluación de la situación del Centro en torno al tema de los servicios. Como Presidente saliente, antes de que Marcelo Montes Rojas asumiera el 13 de octubre, no quería dejar de hacerles llegar información sobre estas cuestiones y también algunas breves opiniones.
Los integrantes de La Corriente ya les deben haber hecho llegar documentación que pudimos preservar y que puede ser útil o necesaria, entre los que se encuentra una recopilación de los balances contables del CEI de los últimos años. El del 2006 no se pudo realizar porque la documentación de los locales necesaria para que lo confeccionara la contadora quedó incautada por la Facultad desde fines de enero de este año. Esta documentación fue reclamada por expediente como parte de todo lo que es del CEI o estaba a su cargo sin que hubiese respuesta durante todo el año. Sabemos que muchas cosas que estaban dentro de los locales, particularmente en el comedor, las han vendido y que la documentación que estaba ahí la tiraron alrededor del mes de julio de este año. Además les recuerdo que se reclamó sin éxito la devolución de la caja con alrededor de $800 que, según nos informaron los trabajadores, había en la fotocopiadora
Les debe haber llegado también el documento sobre el CUIT de la AFIP. Cabe aclarar que el formulario mensual correspondiente se presentó cada mes del 2007. Sin embargo, a partir de mayo, luego de que los trabajadores se consideraran despedidos dada la situación impuesta por las autoridades de la Facultad con la Resolución 1415/06 del Consejo Directivo y la imposibilidad de los empleados de acceder a sus puestos de trabajo, el formulario de la AFIP pasó a presentarse con cero empleados a cargo. Tendrán que decidir si lo siguen presentando o se da de baja el CUIT. En algún momento las autoridades dijeron que un juez había ordenado la inhabilitación del CUIT, pero no nos consta.
Con respecto a la información que puedan requerir sobre cuestiones laborales y salariales de los trabajadores que se desempeñaban en los locales, la misma se encuentra toda condensada ordenadamente en el expediente que se abrió en la Facultad cuando solicitamos el subsidio. Luego se sumó toda la información sobre los juicios de la AFIP por el atraso en los pagos de cargas sociales declaradas y de los honorarios de sus abogados. En total son alrededor de 1700 fojas que tiene que tener archivadas la Facultad.
Si observan la nómina de juicios, casi todos son como mencionaba anteriormente como consecuencia del atraso en el pago de cargas sociales declaradas y honorarios de abogados de AFIP. La suma adeudada era de aproximadamente $150.000 a fines del 2005 y llegó a alrededor de $300.000 a fines del 2006. Si comparamos estas cifras con la facturación, que llegó a superar los 1,5 millones anuales los últimos años, hablamos del 10 o el 20% de la facturación. El subsidio del Ministerio de $87.000 demostró que la situación era manejable y subsanable. Cabe preguntarnos entonces ¿cuánto representa el aumento en los precios del comedor y la ausencia del menú que ahora padecemos y nos han impuesto las autoridades?
Es necesario aclarar que no hay juicios de ningún trabajador que se haya desempeñado en el CEI en los últimos 12 años. También hay que destacar que aún con el atraso en el pago de las cargas sociales, y por haber reconocido la deuda ante la AFIP, 4 empleados ya se jubilaron y otros tienen su jubilación en trámite. El juicio que figura con fecha 1996 corresponde a una empleada que trabajó para el concesionario de Librería hasta 1995. Una vez rota su relación de dependencia anterior accionó contra el CEI por entender que existía responsabilidad solidaria. Tampoco hay juicios de ningún proveedor del CEI con quienes se cumplió hasta la fecha en que las autoridades de la Facultad desmantelaron, cerraron o inoperativizaron los locales.
Aún después de esto, con todos los proveedores con los que hubiese una cuenta corriente por cobrar o tuviesen bienes alquilados o en consignación, nos comunicamos y los acompañamos para abrir un expediente en reclamo de sus bienes. Esto evitó que sumaran demandas al CEI cuando la situación era generada por las autoridades y el Consejo Directivo. Este tema fue absorbido por el Rectorado y según sabemos han comenzado a resolver la devolución de los bienes. Para encaminar la situación que se planteó con los proveedores y los trabajadores del CEI en febrero, fue necesario mantener parcialmente a una de las administradoras durante 2 meses con la ayuda de la FUBA, otros centros, estudiantes y amigos.
Una parte de los trabajadores del CEI ganó su lucha por pasar a ser empleados de la Universidad y esto parece haber resuelto el problema de su continuidad laboral y hasta el momento de su potencial reclamo indemnizatorio al CEI y/o a la Universidad. Así se demostró una vez más que la situación del CEI hubiese sido completamente manejable de haber mediado otra actitud política en las autoridades de la FIUBA.
No pasa lo mismo con los trabajadores del comedor, que han sufrido diversas suertes en cuanto a su continuidad laboral y en ningún caso fue reconocida su antigüedad. Por esta razón, cumplimentado el período de conciliación, la mayoría se apronta a iniciar juicios por montos que sumados a los honorarios y demás superarán largamente el millón de pesos. Lo que llevan adelante hoy es lo que les sugirió el propio Vicedecano Campanella cuando en febrero le reclamaban el reconocimiento de su antigüedad: “por la indemnización, hagan un juicio, gánenlo y se lo cobraran a la Universidad”. El “pequeño detalle” es que aunque intenten probar la solidaridad de la UBA para cobrar, en primera instancia deberán hacer un juicio al CEI. Por lo que conocemos de la documentación que llegó al Centro y nos han comentado los trabajadores (según la decisión de los abogados de UTHGRA) se plantearía como personas solidarias a mi persona, al Decano Rosito, al Vicedecano, al Rector de la UBA y a un anterior Decano. En mi caso, más allá de todos los trámites que esto me significará, fui siempre consciente de la responsabilidad que implicaba ser Presidente del CEI. Aún así las derivaciones de este juicio son impredecibles.
Por eso, la gravedad de la situación no sólo está determinada por lo que pasó, sino que es más condicionante para el CEI y para su actual Comisión Directiva por lo que va a venir: una lluvia de juicios millonarios de indemnización, generados claramente por el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y sus autoridades a través de la resolución 1415/06 del 27 de diciembre del 2006.
Quisiera también hacer algunos comentarios sobre las siete variantes que plantea la nueva conducción del CEI. Más allá de cómo termine siendo la resolución de los servicios en los próximos años, hoy los controla la Facultad. Por eso es un deber del CEI defender a los estudiantes frente a aumentos abusivos como los que se han dado en el comedor en el último mes. En ese sentido apoyamos la propuesta de controlar activamente y reclamar a las autoridades por cómo se hacen las cosas hoy y cuánto se cobra. También acordamos con la posibilidad de reclamar un subsidio a la Universidad.
Con respecto a la personería jurídica como “solución” quisiera hacerles llegar una breve opinión. En primer lugar no es cierto que los centros de estudiantes estén en la ilegalidad como plantea una de las agrupaciones que integran la Comisión Directiva. El marco jurídico que hoy tienen todos los centros de estudiantes universitarios es en primera instancia la Ley de Educación Superior. Ésta contempla la existencia de centros de estudiantes por facultad como representación de los estudiantes. Tampoco es cierto que la personería jurídica evite que por un juicio laboral, además de demandar a la sociedad, sea demandado solidariamente por ejemplo su presidente. De hecho, actualmente se estila y los jueces dan curso a este tipo de demandas aún cuando las involucradas son sociedades anónimas.
El problema de la personería jurídica para los centros de estudiantes radica en la imposibilidad de determinar concretamente a sus socios. Legalmente no se puede definir como socios a todos los estudiantes sin hacer una fantochada como figura en el estatuto del Centro de Estudiantes de Económicas. Supuestamente hacen actas de asambleas para aprobar anualmente los “memoria y balance” con un quórum de la mitad más uno de los estudiantes, que en total son 60.000. Lo que termina siendo una truchada es la figuración de todos los procedimientos lógicos para una sociedad definida y finita tratando de ser aplicados a un centro de estudiantes. Esto sin mencionar que con personería jurídica un juez, y no los estudiantes, podría terminar decidiendo el resultado de una elección. Por eso casi ningún centro tiene personería jurídica. Lo que no se puede hacer sin personería jurídica es tener CUIT y contratar personal en regla. La particularidad que existió en el caso del CEI desde 1991 es irreproducible. Por eso, al no ser el Centro una persona jurídica, no se puede llamar a un concurso de acreedores o pedirle la quiebra al CEI. Estas son cuestiones a discutir y el tema no se agota aquí.
Para terminar, quizás lo más de fondo es preguntarse hasta qué punto un centro de estudiantes no se desnaturaliza cuando por “asumir la responsabilidad de resolver los servicios” se llena de relaciones de dependencia con todas las responsabilidades que esto implica. No puede ser un objetivo de los estudiantes asumir un rol de patronal. En nuestro caso, me refiero a La Corriente, heredamos un centro rentista de concesionarios caros. Frente a esto, como primer paso desprivatizamos por etapas (logrando buenos precios, calidad y el menú estudiantil) pero para pasar a dar, a partir del 2002, el debate y el reclamo a la Universidad sobre su rol en los servicios. Durante años el CEI se hizo cargo de una responsabilidad del Estado, sosteniendo descuentos, más de 300 becas anuales (cuando la Facultad sólo daba 12) y un menú estudiantil durante una de las peores crisis económicas del país.
El CEI es un centro de estudiantes, no una empresa. Nosotros en 12 años cumplimos siempre los convenios colectivos de trabajo y respetamos la justa recomposición salarial. Del mismo modo no produjimos ni un solo despido y ni una sola suspensión. No existe una empresa bajo las actuales reglas económicas que no “necesite” hacerlo (entre otras razones por esto nos oponemos a que el CEI sea visto como una empresa). Por eso, ante este “dilema” nos planteamos una política de unidad con los trabajadores del CEI. Esto desembocó en la lucha por el subsidio y el pase a planta de la Universidad para que la UBA fuese quien asumiera esa responsabilidad del empleador, lo que no implicaba y no implica perder el control estudiantil sobre esos servicios. Fuera de esto puede quedar para los centros un sistema complementario de apuntes al de la Facultad. Puede ser un objetivo resoluble sin entablar nuevas relaciones de dependencia (ni en blanco y mucho menos en negro), para lo cual no hace falta ni siquiera CUIT.
Saludo Atte.
Leonardo Perna
Presidente del CEI 2005-2006
Ver más sobre este tema: Saqueo Locales
Compañeros del CEI:
Por razones familiares no puedo estar presente en la asamblea o reunión que han convocado para el 20 de noviembre en la que se va a hacer una evaluación de la situación del Centro en torno al tema de los servicios. Como Presidente saliente, antes de que Marcelo Montes Rojas asumiera el 13 de octubre, no quería dejar de hacerles llegar información sobre estas cuestiones y también algunas breves opiniones.
Los integrantes de La Corriente ya les deben haber hecho llegar documentación que pudimos preservar y que puede ser útil o necesaria, entre los que se encuentra una recopilación de los balances contables del CEI de los últimos años. El del 2006 no se pudo realizar porque la documentación de los locales necesaria para que lo confeccionara la contadora quedó incautada por la Facultad desde fines de enero de este año. Esta documentación fue reclamada por expediente como parte de todo lo que es del CEI o estaba a su cargo sin que hubiese respuesta durante todo el año. Sabemos que muchas cosas que estaban dentro de los locales, particularmente en el comedor, las han vendido y que la documentación que estaba ahí la tiraron alrededor del mes de julio de este año. Además les recuerdo que se reclamó sin éxito la devolución de la caja con alrededor de $800 que, según nos informaron los trabajadores, había en la fotocopiadora
Les debe haber llegado también el documento sobre el CUIT de la AFIP. Cabe aclarar que el formulario mensual correspondiente se presentó cada mes del 2007. Sin embargo, a partir de mayo, luego de que los trabajadores se consideraran despedidos dada la situación impuesta por las autoridades de la Facultad con la Resolución 1415/06 del Consejo Directivo y la imposibilidad de los empleados de acceder a sus puestos de trabajo, el formulario de la AFIP pasó a presentarse con cero empleados a cargo. Tendrán que decidir si lo siguen presentando o se da de baja el CUIT. En algún momento las autoridades dijeron que un juez había ordenado la inhabilitación del CUIT, pero no nos consta.
Con respecto a la información que puedan requerir sobre cuestiones laborales y salariales de los trabajadores que se desempeñaban en los locales, la misma se encuentra toda condensada ordenadamente en el expediente que se abrió en la Facultad cuando solicitamos el subsidio. Luego se sumó toda la información sobre los juicios de la AFIP por el atraso en los pagos de cargas sociales declaradas y de los honorarios de sus abogados. En total son alrededor de 1700 fojas que tiene que tener archivadas la Facultad.
Si observan la nómina de juicios, casi todos son como mencionaba anteriormente como consecuencia del atraso en el pago de cargas sociales declaradas y honorarios de abogados de AFIP. La suma adeudada era de aproximadamente $150.000 a fines del 2005 y llegó a alrededor de $300.000 a fines del 2006. Si comparamos estas cifras con la facturación, que llegó a superar los 1,5 millones anuales los últimos años, hablamos del 10 o el 20% de la facturación. El subsidio del Ministerio de $87.000 demostró que la situación era manejable y subsanable. Cabe preguntarnos entonces ¿cuánto representa el aumento en los precios del comedor y la ausencia del menú que ahora padecemos y nos han impuesto las autoridades?
Es necesario aclarar que no hay juicios de ningún trabajador que se haya desempeñado en el CEI en los últimos 12 años. También hay que destacar que aún con el atraso en el pago de las cargas sociales, y por haber reconocido la deuda ante la AFIP, 4 empleados ya se jubilaron y otros tienen su jubilación en trámite. El juicio que figura con fecha 1996 corresponde a una empleada que trabajó para el concesionario de Librería hasta 1995. Una vez rota su relación de dependencia anterior accionó contra el CEI por entender que existía responsabilidad solidaria. Tampoco hay juicios de ningún proveedor del CEI con quienes se cumplió hasta la fecha en que las autoridades de la Facultad desmantelaron, cerraron o inoperativizaron los locales.
Aún después de esto, con todos los proveedores con los que hubiese una cuenta corriente por cobrar o tuviesen bienes alquilados o en consignación, nos comunicamos y los acompañamos para abrir un expediente en reclamo de sus bienes. Esto evitó que sumaran demandas al CEI cuando la situación era generada por las autoridades y el Consejo Directivo. Este tema fue absorbido por el Rectorado y según sabemos han comenzado a resolver la devolución de los bienes. Para encaminar la situación que se planteó con los proveedores y los trabajadores del CEI en febrero, fue necesario mantener parcialmente a una de las administradoras durante 2 meses con la ayuda de la FUBA, otros centros, estudiantes y amigos.
Una parte de los trabajadores del CEI ganó su lucha por pasar a ser empleados de la Universidad y esto parece haber resuelto el problema de su continuidad laboral y hasta el momento de su potencial reclamo indemnizatorio al CEI y/o a la Universidad. Así se demostró una vez más que la situación del CEI hubiese sido completamente manejable de haber mediado otra actitud política en las autoridades de la FIUBA.
No pasa lo mismo con los trabajadores del comedor, que han sufrido diversas suertes en cuanto a su continuidad laboral y en ningún caso fue reconocida su antigüedad. Por esta razón, cumplimentado el período de conciliación, la mayoría se apronta a iniciar juicios por montos que sumados a los honorarios y demás superarán largamente el millón de pesos. Lo que llevan adelante hoy es lo que les sugirió el propio Vicedecano Campanella cuando en febrero le reclamaban el reconocimiento de su antigüedad: “por la indemnización, hagan un juicio, gánenlo y se lo cobraran a la Universidad”. El “pequeño detalle” es que aunque intenten probar la solidaridad de la UBA para cobrar, en primera instancia deberán hacer un juicio al CEI. Por lo que conocemos de la documentación que llegó al Centro y nos han comentado los trabajadores (según la decisión de los abogados de UTHGRA) se plantearía como personas solidarias a mi persona, al Decano Rosito, al Vicedecano, al Rector de la UBA y a un anterior Decano. En mi caso, más allá de todos los trámites que esto me significará, fui siempre consciente de la responsabilidad que implicaba ser Presidente del CEI. Aún así las derivaciones de este juicio son impredecibles.
Por eso, la gravedad de la situación no sólo está determinada por lo que pasó, sino que es más condicionante para el CEI y para su actual Comisión Directiva por lo que va a venir: una lluvia de juicios millonarios de indemnización, generados claramente por el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y sus autoridades a través de la resolución 1415/06 del 27 de diciembre del 2006.
Quisiera también hacer algunos comentarios sobre las siete variantes que plantea la nueva conducción del CEI. Más allá de cómo termine siendo la resolución de los servicios en los próximos años, hoy los controla la Facultad. Por eso es un deber del CEI defender a los estudiantes frente a aumentos abusivos como los que se han dado en el comedor en el último mes. En ese sentido apoyamos la propuesta de controlar activamente y reclamar a las autoridades por cómo se hacen las cosas hoy y cuánto se cobra. También acordamos con la posibilidad de reclamar un subsidio a la Universidad.
Con respecto a la personería jurídica como “solución” quisiera hacerles llegar una breve opinión. En primer lugar no es cierto que los centros de estudiantes estén en la ilegalidad como plantea una de las agrupaciones que integran la Comisión Directiva. El marco jurídico que hoy tienen todos los centros de estudiantes universitarios es en primera instancia la Ley de Educación Superior. Ésta contempla la existencia de centros de estudiantes por facultad como representación de los estudiantes. Tampoco es cierto que la personería jurídica evite que por un juicio laboral, además de demandar a la sociedad, sea demandado solidariamente por ejemplo su presidente. De hecho, actualmente se estila y los jueces dan curso a este tipo de demandas aún cuando las involucradas son sociedades anónimas.
El problema de la personería jurídica para los centros de estudiantes radica en la imposibilidad de determinar concretamente a sus socios. Legalmente no se puede definir como socios a todos los estudiantes sin hacer una fantochada como figura en el estatuto del Centro de Estudiantes de Económicas. Supuestamente hacen actas de asambleas para aprobar anualmente los “memoria y balance” con un quórum de la mitad más uno de los estudiantes, que en total son 60.000. Lo que termina siendo una truchada es la figuración de todos los procedimientos lógicos para una sociedad definida y finita tratando de ser aplicados a un centro de estudiantes. Esto sin mencionar que con personería jurídica un juez, y no los estudiantes, podría terminar decidiendo el resultado de una elección. Por eso casi ningún centro tiene personería jurídica. Lo que no se puede hacer sin personería jurídica es tener CUIT y contratar personal en regla. La particularidad que existió en el caso del CEI desde 1991 es irreproducible. Por eso, al no ser el Centro una persona jurídica, no se puede llamar a un concurso de acreedores o pedirle la quiebra al CEI. Estas son cuestiones a discutir y el tema no se agota aquí.
Para terminar, quizás lo más de fondo es preguntarse hasta qué punto un centro de estudiantes no se desnaturaliza cuando por “asumir la responsabilidad de resolver los servicios” se llena de relaciones de dependencia con todas las responsabilidades que esto implica. No puede ser un objetivo de los estudiantes asumir un rol de patronal. En nuestro caso, me refiero a La Corriente, heredamos un centro rentista de concesionarios caros. Frente a esto, como primer paso desprivatizamos por etapas (logrando buenos precios, calidad y el menú estudiantil) pero para pasar a dar, a partir del 2002, el debate y el reclamo a la Universidad sobre su rol en los servicios. Durante años el CEI se hizo cargo de una responsabilidad del Estado, sosteniendo descuentos, más de 300 becas anuales (cuando la Facultad sólo daba 12) y un menú estudiantil durante una de las peores crisis económicas del país.
El CEI es un centro de estudiantes, no una empresa. Nosotros en 12 años cumplimos siempre los convenios colectivos de trabajo y respetamos la justa recomposición salarial. Del mismo modo no produjimos ni un solo despido y ni una sola suspensión. No existe una empresa bajo las actuales reglas económicas que no “necesite” hacerlo (entre otras razones por esto nos oponemos a que el CEI sea visto como una empresa). Por eso, ante este “dilema” nos planteamos una política de unidad con los trabajadores del CEI. Esto desembocó en la lucha por el subsidio y el pase a planta de la Universidad para que la UBA fuese quien asumiera esa responsabilidad del empleador, lo que no implicaba y no implica perder el control estudiantil sobre esos servicios. Fuera de esto puede quedar para los centros un sistema complementario de apuntes al de la Facultad. Puede ser un objetivo resoluble sin entablar nuevas relaciones de dependencia (ni en blanco y mucho menos en negro), para lo cual no hace falta ni siquiera CUIT.
Saludo Atte.
Leonardo Perna
Presidente del CEI 2005-2006
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Saqueo Locales
